Luego de más de 20 horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la Ley de Egresos 2026, que contempla un gasto público histórico de 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos para el próximo año. La aprobación contó con 355 votos a favor y será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum para su publicación y posterior entrada en vigor.
La maratónica sesión se distinguió por el intenso debate y la presentación de mil 733 reservas, de las cuales solo 12, todas impulsadas por partidos oficialistas, fueron aceptadas. Estas modificaciones permitieron reasignar 17 mil 788 millones de pesos a rubros como Educación Pública, Ciencias y Humanidades, Medio Ambiente, Cultura, Agricultura y Desarrollo Rural, así como Trabajo y Previsión Social, otorgando prioridad a políticas sociales, científicas y ambientales.
Por otro lado, la Ley de Egresos 2026 aplicó recortes sustanciales al Poder Judicial, al que se restaron más de 15 mil 800 millones de pesos; la Suprema Corte sufrió un recorte de 661 millones, el Órgano de Administración de Justicia más de 14 mil millones, el Tribunal Electoral 260 millones, el INE mil millones, la CNDH 50 millones y la Fiscalía General de la República 933 millones de pesos. Estos recortes fueron duramente cuestionados por la oposición, que denunció una tendencia a debilitar los órganos autónomos y de control constitucional.
Por el contrario, el presupuesto para Educación Pública aumentará más de 10 mil 800 millones de pesos, mientras que Ciencia y Tecnología recibirá 2 mil 500 millones adicionales y Cultura cerca de 2 mil millones. Medio Ambiente y Agricultura también incrementan sus recursos. Según los discursos del oficialismo, estos ajustes reflejan la prioridad hacia la equidad social, el fortalecimiento educativo y la atención al campo en el modelo económico del nuevo gobierno.
La sesión finalizó con la promesa de la bancada mayoritaria de que la nueva Ley de Egresos mantendrá finanzas públicas responsables y atenderá las necesidades sociales prioritarias, aunque los partidos de oposición señalaron la falta de apertura al debate y el rechazo sistemático a sus propuestas de reserva. El documento, al ser promulgado, marcará el rumbo fiscal y social de México para el año 2026.
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