La crisis diplomática entre Perú y México alcanzó un punto máximo este martes, tras el anuncio oficial del gobierno peruano sobre la ruptura total de relaciones diplomáticas con México. La decisión fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, luego de varias semanas de tensión provocadas por el otorgamiento de asilo político en territorio mexicano a Betssy Chávez, ex primera ministra y figura cercana al ex presidente Pedro Castillo. Para Lima, la acción constituye una “injerencia injustificada en asuntos internos” y una “afrenta a la soberanía peruana”.
La Cancillería peruana ordenó de inmediato el retiro de su personal diplomático en México y la suspensión de toda actividad política bilateral, aunque aclaró que mantendrá vínculos consulares y comerciales para proteger los derechos y el intercambio vital entre ciudadanos de ambos países. El gobierno peruano subrayó que la postura mexicana en favor de Chávez va en contra de los convenios internacionales y representa una falta de respeto a sus leyes y procedimientos judiciales, pues la ex funcionaria es requerida por delitos de sedición y conspiración relacionados con la crisis institucional vivida en diciembre de 2022.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México calificó la reacción de Perú como “exagerada y desproporcionada” y aseguró que el asilo otorgado a Chávez cumple estrictamente con el marco humanitario internacional. La SRE enfatizó que México no dejará de ejercer su tradición de protección internacional a perseguidos políticos y que continuará brindando asistencia consular a mexicanos en Perú, así como contacto y colaboración en temas comerciales y de cooperación regional. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la decisión del gobierno peruano “en nada pone en riesgo el comercio binacional ni la estabilidad de los migrantes o turistas”.
El trasfondo de la crisis revela profundas diferencias sobre el sentido del asilo diplomático y la interpretación de los límites de la no intervención. México defiende la legitimidad histórica y moral de su política exterior sustentada en el asilo, en tanto que Perú acusa a la administración mexicana de actuar con motivaciones políticas, rompiendo la neutralidad exigida en las relaciones internacionales. Sectores peruanos advierten que la protección a Betssy Chávez podría sentar un precedente peligroso para el respeto a las sentencias nacionales en América Latina, mientras que voces en México ven la decisión como un retroceso en la tradición latinoamericana de solidaridad.
A pesar de la ruptura diplomática, México mantendrá su embajada funcionando en modo consular y no suspenderá la atención de casos de protección y servicios a ciudadanos. Autoridades mexicanas llamaron a la prudencia y al diálogo para resolver las tensiones, e hicieron un llamado a la comunidad internacional para respaldar los principios humanitarios y evitar una mayor escalada de conflictos en la región. Queda pendiente la definición sobre el salvoconducto que permitiría la salida de Betssy Chávez hacia México y la forma en que la crisis podría afectar futuras alianzas políticas y económicas continentales.
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