El gobierno de la Ciudad de México y los representantes del sector transportista alcanzaron un acuerdo histórico para el aumento de $1.50 a la tarifa mínima del transporte público concesionado, medida que ya fue publicada de manera oficial en la Gaceta de la CDMX y entra en vigor de inmediato. Esta resolución, resultado de una semana de intensas negociaciones y después de la jornada de megabloqueos que paralizó avenidas y autopistas, impactará directamente en el bolsillo de millones de usuarios, así como en la economía de más de 18 mil concesionarios y choferes de rutas, corredores y taxis capitalinos.
El ajuste autorizado abarca autobuses, microbuses, combis y corredores y se aplica en todos los servicios concesionados de la capital. De esta forma, la tarifa mínima, que estaba fijada en 6 pesos, pasará a costar $7.50 para el primer tramo, mientras que rutas más largas o servicios con recorridos extendidos sumarán proporcionalmente el alza. El gobierno capitalino descartó homologar la tarifa a los 14 pesos como en el Estado de México, tras considerar las variables económicas y el impacto social en la población usuaria.
Durante el anuncio, las autoridades locales y líderes de los transportistas subrayaron que el aumento se acompañado de una serie de compromisos obligatorios para el sector: mejorar condiciones mecánicas y de seguridad de las unidades, capacitación en trato al usuario, respeto a la tarifa oficial y uso de tecnologías de monitoreo y GPS. Además, el gobierno advirtió que la Agencia de Movilidad, la Secretaría de Movilidad (Semovi) y la policía de tránsito intensificarán los operativos de revisión y verificación para sancionar abusos o alteraciones en el cobro autorizado.
El acuerdo representa un equilibrio entre la presión financiera que enfrentan los concesionarios ante el alza en combustibles, refacciones y mantenimiento, y la capacidad adquisitiva de la población. De acuerdo con cifras oficiales y del sector, al menos 4 millones de personas dependen del transporte concesionado para sus traslados cotidianos, por lo que las autoridades insistieron en que la actualización tarifaria era inevitable, pero debía implementarse de forma gradual y sin afectar desmedidamente la economía familiar.
Cámaras empresariales, asociaciones de usuarios y colectivos ciudadanos advirtieron que, si bien el alza era previsible, debe estar acompañada de una vigilancia estricta a la calidad del servicio y una ruta clara hacia la modernización del sistema. El gobierno hizo un llamado a denunciar cobros indebidos y abusos, y puso a disposición líneas telefónicas y plataformas digitales para que los ciudadanos reporten cualquier anomalía.
Con esta publicación en la Gaceta Oficial, la Ciudad de México inicia una nueva etapa para su transporte público, donde se espera que el aumento tarifario vaya directamente de la mano con mayor seguridad, calidad y eficiencia, en beneficio tanto de los usuarios como de los trabajadores del sector.
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