La Ciudad de México fue escenario de un operativo de alto impacto, tras el rescate de 80 niñas y adolescentes víctimas de trata, abuso sexual y explotación en el albergue Casa de las Mercedes, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc. La intervención, encabezada por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, se realizó luego de que una de las víctimas presentara una carta al DIF capitalino denunciando violación agravada y amenazas dentro del refugio. El caso ha provocado conmoción en la sociedad y reavivado el debate sobre la vigilancia y regulación de instituciones dedicadas al cuidado infantil.
Las autoridades informaron que, además del rescate, se abrió una carpeta de investigación por delitos de violación agravada, corrupción de menores, explotación sexual y trabajos forzados. La denuncia detallaba varias formas de violencia física, emocional y abuso sistemático por parte del personal encargado del centro. Fueron detenidos al menos tres presuntos responsables, entre ellos la directora del albergue y dos empleados, mientras que otros trabajadores son investigados. La fiscal capitalina, Ernestina Godoy, aseguró que la prioridad es la protección integral y la atención psicológica inmediata a las niñas y adolescentes liberadas, así como el acompañamiento permanente por parte del DIF.
De acuerdo con los testimonios recabados, algunas víctimas habrían sufrido años de maltrato, encierro y explotación laboral, lo que genera dudas sobre los mecanismos de supervisión y control de los albergues en la capital. Organizaciones civiles y colectivos feministas exigieron a las autoridades una revisión de todos los espacios de resguardo y un endurecimiento de la regulación, así como castigos ejemplares para los responsables de los crímenes cometidos en la Casa de las Mercedes.
El operativo refleja también la eficacia de la coordinación entre la Fiscalía, la policía local, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Las 80 menores rescatadas, con edades entre los 8 y 17 años, fueron trasladadas a espacios seguros donde están recibiendo atención médica, apoyo psicológico y asesoría jurídica para garantizar su recuperación y protección. El DIF explicó que se activaron protocolos especiales para reubicar y resguardar a quienes carecen de redes familiares.
El impacto social y mediático del caso ha llevado a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a comprometerse públicamente a intensificar la supervisión de refugios y albergues en toda la ciudad. Las autoridades aseguraron que el proceso judicial alcanzará todos los niveles de responsabilidad y que no habrá impunidad. Esta acción es un recordatorio doloroso de los riesgos que enfrentan niñas y adolescentes en situación vulnerable y la urgencia de fortalecer las estructuras de protección y denuncia para erradicar la trata y la violencia institucional en México.
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