La Cámara de Diputados de México ha marcado un hito legislativo este martes 28 de octubre de 2025 al aprobar por unanimidad la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Esta histórica decisión, respaldada por 456 votos a favor en el Pleno, se gestó en San Lázaro, Ciudad de México, y representa un paso crucial en la lucha contra uno de los crímenes que más flagelan a la sociedad mexicana. La relevancia de esta ley radica en su capacidad para homologar la tipificación del delito de extorsión a nivel nacional, establecer la persecución de oficio y fijar penas de prisión que pueden alcanzar hasta los 25 años, dotando al Estado de herramientas más robustas para enfrentar esta práctica delictiva.
La aprobación de esta normativa unifica el tipo penal de extorsión, eliminando las variaciones existentes entre las legislaciones estatales que, según legisladores como Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Justicia, eran aprovechadas por los delincuentes. La ley busca consolidar un frente único del Estado contra la extorsión, abarcando desde el lamentable “cobro de piso” hasta modalidades más modernas como la extorsión telefónica, por redes sociales, mensajes de texto, desde centros penitenciarios, o a través de los denominados “montachoques” y préstamos “gota a gota”. Este amplio espectro de acción es vital para combatir lo que se ha convertido en un “impuesto criminal” que paraliza la economía y debilita el tejido social.
Entre los aspectos más destacados de la nueva legislación se encuentran las severas penalidades. La ley prevé una pena básica de seis a 15 años de cárcel, con la posibilidad de que estas se incrementen hasta en una mitad, alcanzando de 12 a 22.5 años, e incluso hasta 25 años en casos de agravantes específicas. Estas agravantes incluyen delitos contra personas migrantes, menores de 18 años, mayores de 60, mujeres embarazadas, o cuando el responsable tiene alguna relación de confianza, laboral, de parentesco o de negocios con la víctima. Además, la ley establece la figura de prisión preventiva oficiosa para este crimen, sin beneficios de libertad anticipada ni conmutación de pena, reforzando la seriedad con la que se abordará este flagelo.
La iniciativa presidencial, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue recibida en la Cámara de Diputados el 20 de octubre de 2025 y aceleró su aprobación dada la urgencia del tema. Se fundamenta en datos alarmantes: entre enero y septiembre de 2025, se registraron 8 mil 585 víctimas de extorsión, la cifra más alta en los últimos diez años, reflejando un incremento del 58 por ciento en seis años. La ley también protege la integridad de las víctimas y testigos, permitiendo denuncias anónimas, incluso a través del número 089, para evitar poner en riesgo la seguridad personal o familiar, buscando así que el miedo no sea un impedimento para la denuncia.
No obstante, la aprobación no estuvo exenta de debate. Legisladores de oposición, como el priísta Alejandro Domínguez y el panista César Damián Retes, manifestaron su preocupación de que, al homologar las penas, la ley podría atenuar las sanciones en estados que ya contaban con legislaciones más estrictas. Advirtieron que esto podría resultar en la liberación de hasta 500 delincuentes sentenciados por extorsión en entidades como Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo. A pesar de estas reservas, que fueron presentadas para su discusión en lo particular, la ley fue avalada en lo general con la intención de proveer al Estado mexicano de un marco jurídico uniforme y contundente.
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