En una firme declaración desde Palacio Nacional, durante su conferencia matutina del lunes 27 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desestimó categóricamente cualquier posibilidad de negociación con Grupo Salinas respecto a sus adeudos fiscales. La mandataria enfatizó que el conglomerado empresarial puede liquidar sus obligaciones tributarias de manera inmediata, sin necesidad de mesas técnicas o acuerdos especiales. Este pronunciamiento subraya la postura del gobierno federal de apego irrestricto al Estado de derecho y la inquebrantable convicción de que nadie está por encima de la ley en materia de pago de impuestos.
La controversia se intensificó tras una carta pública de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, fechada en octubre de 2024, en la que aseguraba la voluntad de su grupo de pagar lo legal y correcto, haciendo referencia a supuestas mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación durante la administración anterior. Sin embargo, Sheinbaum Pardo, acompañada por Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y Grisel Galeano, procuradora fiscal de la Federación, desmintió enfáticamente la existencia de cualquier acuerdo. Medina Padilla aclaró que, aunque hubo pláticas con representantes del grupo, nunca se llegó a un pacto sobre el monto o la ruta de solución, ya que la Federación se negó a condonar el adeudo al SAT.
La presidenta fue contundente al señalar que el argumento de Salinas Pliego de querer negociar era una estrategia dilatoria. “Si hubieran querido pagar, pues hubieran pagado desde ese momento. Con el SAT no se requiere ninguna reunión, con el SAT no se requiere ninguna mesa técnica. Sencillamente hoy pueden pagar”, expresó. Esta declaración pone de manifiesto la intención del gobierno de cobrar la totalidad de los impuestos adeudados, que según informes ascienden a decenas de miles de millones de pesos y están en litigio desde hace años, algunos datando de 2008 y 2009. La Procuraduría Fiscal ha insistido en que los recientes escritos del grupo son tácticas para retrasar el cobro.
Sheinbaum Pardo también criticó el intento de Grupo Salinas de politizar un asunto que es estrictamente jurídico y fiscal, advirtiendo contra la victimización y la pretensión de convertir el tema en una disputa política. Hizo hincapié en que la Constitución y el Código Fiscal contemplan descuentos por multas y recargos para deudores que cubran sus obligaciones, pero reiteró que la ley tributaria no está sujeta a negociación. La Administración Tributaria ha mantenido sus puertas abiertas, pero siempre dentro del marco legal establecido para la recaudación fiscal.
Este caso reitera la postura del gobierno de priorizar la justicia fiscal y asegurar que grandes contribuyentes cumplan con sus responsabilidades. La negación de un acuerdo con Grupo Salinas envía un mensaje claro a la sociedad mexicana y a otros empresarios sobre la seriedad con la que se abordará la evasión y el adeudo de impuestos. La administración actual busca establecer un precedente de transparencia y firmeza en la aplicación de la ley, sin excepciones.
La ciudadanía observa atentamente el desenlace de este caso, que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad fiscal. La determinación de la presidenta Sheinbaum de no ceder ante presiones y exigir el cumplimiento de la ley fortalece la confianza en las instituciones y la equidad del sistema tributario. Es un llamado a la responsabilidad social empresarial y a la observancia de las obligaciones fiscales, elementos cruciales para el desarrollo y bienestar de la nación.
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