En una escalada significativa de su campaña antidrogas en la región, las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en el Mar Caribe durante la noche del 24 de octubre de 2025, resultando en la muerte de seis individuos. Este incidente, el décimo de su tipo desde el inicio de las operaciones en septiembre, fue anunciado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien afirmó que la embarcación estaba vinculada al cártel venezolano conocido como el Tren de Aragua. El operativo, ejecutado en aguas internacionales, subraya la determinación de Washington en su ofensiva contra el narcotráfico, aunque ha suscitado crecientes tensiones y cuestionamientos legales en la región.
El secretario Hegseth, en una declaración difundida a través de la plataforma X, detalló que los servicios de inteligencia estadounidenses tenían conocimiento de que la embarcación participaba en el contrabando de narcóticos. Este ataque nocturno marca una novedad en la estrategia militar, ya que es el primero de esta serie de operaciones en realizarse bajo la oscuridad. Un video en blanco y negro, también compartido por Hegseth, muestra la lancha antes de una gran explosión. La postura del Pentágono es clara: aquellos involucrados en el tráfico de drogas en el hemisferio serán tratados con la misma severidad que organizaciones terroristas como Al Qaeda. La campaña, dirigida por el presidente Donald Trump, ha intensificado su ritmo, pasando de ataques esporádicos en septiembre a tres en una sola semana, extendiéndose incluso al Pacífico oriental.
Hasta la fecha, la ofensiva marítima estadounidense ha cobrado la vida de al menos 43 personas, según un conteo provisional de la AFP basado en datos del Pentágono. El Tren de Aragua, considerado por las autoridades de EE. UU. como una organización terrorista designada, ha sido señalado como el operador de la embarcación destruida. Este grupo criminal ha expandido sus operaciones desde Venezuela hacia Centroamérica, México y el Caribe, según reportes de inteligencia. La administración Trump justifica estas acciones bajo el argumento de combatir las rutas de narcotráfico y ha manifestado su disposición a usar todo el potencial militar para este fin, incluso informando al Congreso sobre planes para perseguir a los narcotraficantes en tierra si fuera necesario.
Sin embargo, la campaña no está exenta de controversias. Gobiernos de izquierda en la región, como Venezuela y Colombia, han expresado su fuerte protesta, calificando estos incidentes como ataques letales sin pruebas y, en el caso del presidente colombiano Gustavo Petro, como “ejecuciones extrajudiciales”. Estas críticas se suman a las dudas legales planteadas por expertos sobre la legitimidad de tales operaciones en aguas internacionales sin una declaración formal de guerra. La tensión diplomática y el debate sobre la soberanía y el derecho internacional se intensifican a medida que se multiplican los ataques y sus consecuencias.
El secretario de Defensa ha reiterado la determinación de Estados Unidos, advirtiendo que, sin importar el momento del día, se rastrearán las rutas, se perseguirá a la gente y se les cazará. La firmeza en el mensaje busca disuadir a quienes se dedican al tráfico ilícito de drogas, pero también evidencia una postura militar que redefine los límites de la intervención internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Este décimo ataque a narcolancha no solo suma seis víctimas más a la estadística, sino que profundiza el debate sobre la eficacia y las implicaciones éticas y legales de una estrategia tan agresiva en el Caribe.
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