La Cámara de Diputados se prepara para un debate crucial este martes, 14 de octubre de 2025, sobre la reforma a la Ley de Amparo, luego de que las comisiones unidas de Justicia y Hacienda aprobaran el dictamen. Este movimiento legislativo, impulsado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado un intenso debate entre los grupos parlamentarios y expertos constitucionalistas, marcando un punto de inflexión en el sistema de justicia constitucional del país. La iniciativa busca modernizar el juicio de amparo, pero sus modificaciones han levantado serias preocupaciones sobre la protección de los derechos colectivos y el acceso a la justicia para diversos sectores de la sociedad mexicana.
El dictamen, avalado con los votos de Morena y sus aliados, y la abstención de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, presenta cambios significativos en la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Un punto central de la aprobación en comisiones fue la supresión del polémico artículo transitorio del Senado que buscaba otorgar retroactividad a la ley, una medida que había sido ampliamente criticada por su potencial impacto negativo en litigios en curso y la certeza jurídica. Sin embargo, otras modificaciones clave se mantuvieron, generando la oposición de partidos como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes consideran la reforma como regresiva y restrictiva para la ciudadanía.
Entre los aspectos más discutidos de la reforma se encuentra la acotación de la figura del interés legítimo. Según la nueva redacción, para demostrar este interés en casos de defensa de derechos colectivos, será necesario probar una afectación y un beneficio reales. Esta modificación ha encendido las alarmas de diversos grupos, incluyendo ambientalistas, defensores de derechos humanos, pueblos indígenas y la comunidad LGBTIQ+, quienes, según críticos, podrían ver limitada su capacidad de interponer amparos para proteger sus causas. La ministra Olga Sánchez Cordero, en su abstención, manifestó su preocupación, señalando que el interés legítimo es un concepto indeterminado que el juez debe ponderar en cada caso, y definirlo de antemano como lo hace esta reforma podría restringir el acceso a la justicia constitucional.
Además de las modificaciones al interés legítimo, la reforma también busca impedir que los jueces otorguen suspensiones en litigios fiscales, delitos relacionados con la delincuencia organizada, o para frenar políticas públicas y obras de infraestructura. Esta medida, defendida por Morena como una forma de evitar abusos procesales y agilizar la ejecución de proyectos gubernamentales, es vista por la oposición como una restricción a las herramientas jurídicas disponibles para la ciudadanía frente a posibles arbitrariedades del poder público. Asimismo, se restringe la suspensión provisional en casos vinculados con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la revocación de permisos o concesiones, y se extiende el plazo para dictar sentencia de 60 a 90 días, lo que podría prolongar los procesos judiciales.
La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dio origen a esta reforma, ha sido justificada por sus promotores como un paso hacia un juicio de amparo más expedito y la modernización del sistema judicial, eliminando supuestas dilaciones innecesarias y enfocándose en la celeridad de los procesos. Se argumenta que busca equilibrar la rapidez judicial con las garantías de las partes, reduciendo ambigüedades y evitando la reactivación indebida de litigios, especialmente en el ámbito fiscal. Sin embargo, la tensión entre la celeridad y la protección de los derechos fundamentales se mantiene como el eje central de la controversia, con la oposición acusando a la mayoría de “traicionar a los ciudadanos” al reducir las garantías frente al poder.
La votación de hoy en el pleno de San Lázaro será decisiva para el futuro de la Ley de Amparo en México. Las repercusiones de esta reforma podrían ser de gran alcance, afectando la capacidad de los ciudadanos para defender sus derechos frente a actos de autoridad y redefiniendo el papel del juicio de amparo como mecanismo de control judicial.
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