La tensión en el Caribe ha escalado significativamente tras el sobrevuelo de dos aviones de combate F-16 venezolanos armados sobre el destructor estadounidense USS Jason Dunham el pasado jueves 4 de septiembre de 2025. Este incidente, calificado por el Pentágono como un «movimiento altamente provocador» y una «demostración de fuerza innecesaria y peligrosa», ha llevado a Estados Unidos a anunciar el despliegue de diez cazas F-35 a Puerto Rico. La medida se enmarca en una ofensiva antidrogas de Washington en la región, aunque las acciones militares recientes han intensificado las fricciones con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, a quien la administración Trump acusa de liderar una red de narcotráfico y ha elevado la recompensa por su captura a 50 millones de dólares.
El despliegue de los cazas F-35 a Puerto Rico se produce apenas horas después del incidente con los aviones venezolanos. Estos aviones, considerados de quinta generación y entre los más avanzados del mundo por su tecnología furtiva y capacidad multifunción, tienen como objetivo principal proporcionar soporte aéreo a las operaciones contra los cárteles de la droga y las organizaciones «narcoterroristas» en el sur del Caribe. Esta acción complementa el considerable despliegue naval que Estados Unidos ha mantenido en la zona, incluyendo siete buques de guerra, un submarino de ataque nuclear y miles de efectivos de la Marina y el Cuerpo de Marines.
La escalada de tensión se ha manifestado en una serie de incidentes recientes. A mediados de agosto, EE. UU. envió buques de guerra con más de 4,500 soldados cerca de las costas venezolanas. Posteriormente, el 2 de septiembre, el presidente Donald Trump aseguró que las fuerzas estadounidenses lanzaron un misil contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas, resultando en la muerte de 11 personas, a quienes calificó de «narcoterroristas». Esta operación letal, la primera de su tipo en la región, ha generado críticas y ha sido defendida por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien no descarta futuros ataques.
El sobrevuelo de los F-16 venezolanos sobre el USS Jason Dunham se consideró una respuesta directa a la creciente presencia militar estadounidense. Venezuela, por su parte, ha negado las acusaciones de narcotráfico y ha calificado los buques de guerra de EE. UU. como una «amenaza criminal y sangrienta«, respondiendo con el despliegue de drones y buques de guerra para patrullar su costa. Este cruce de acusaciones y demostraciones de fuerza ha generado preocupación en la región, con la Guardia Nacional de Puerto Rico instando a la calma y a informarse a través de fuentes oficiales.
El secretario de Estado, Marco Rubio, acérrimo crítico del chavismo, ha sido una figura central en esta intensificación, acusando públicamente a Nicolás Maduro de ser un «fugitivo de la justicia estadounidense» y un «narcotraficante» y «terrorista». Las declaraciones de Rubio y las acciones del Pentágono subrayan una política de «no dar un paso atrás» por parte de Washington en su lucha contra lo que percibe como amenazas a la seguridad regional y al narcotráfico. La situación actual refleja un momento de alta volatilidad y desafío diplomático en las relaciones entre ambos países.
Este incremento de la presencia militar estadounidense en el Caribe, con la llegada de cazas F-35 a Puerto Rico y el refuerzo de la flota naval, marca un punto crítico en la compleja relación entre Estados Unidos y Venezuela. La comunidad internacional observa atentamente cómo se desarrollarán los acontecimientos, esperando que prevalezcan los canales diplomáticos para evitar una escalada mayor. La estabilidad regional y la seguridad en el Caribe son cruciales, y el impacto de estas acciones militares resonará en la geopolítica de la zona.
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