La Suprema Corte de Estados Unidos se prepara para emitir en octubre una decisión histórica que podría redefinir el panorama comercial internacional. El máximo tribunal analizará la legalidad de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump, medida que fue declarada ilegal por un tribunal federal de apelaciones, al considerar que el presidente no tiene facultades amplias para establecer tarifas bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Un fallo que marcará precedente
La resolución judicial mantiene los aranceles vigentes hasta el 13 de octubre, mientras la Suprema Corte revisa los argumentos presentados por el equipo de Trump, empeñado en revertir el fallo. El tribunal de apelaciones determinó que el Congreso jamás otorgó al presidente la autoridad suficiente para imponer aranceles de forma unilateral, lo que afecta acuerdos comerciales clave con México, Canadá, China, Japón y la Unión Europea. Si la decisión se sostiene, se abriría la posibilidad de devolución de pagos hechos por importadores y la cancelación de los aranceles en sectores estratégicos como acero, aluminio y productos agrícolas.
Las tarifas se aplicaron bajo el pretexto de diversas “emergencias”, desde la crisis de drogas ilícitas y migración hasta la defensa de la “reciprocidad comercial”. La administración Trump argumentó que estos factores justificaban imponer restricciones a la entrada de mercancías de países aliados y rivales, cambiando el flujo de intercambios internacionales y encareciendo productos básicos en el mercado estadounidense.
A nivel político, Trump ha advertido que un fallo en su contra podría debilitar financieramente a Estados Unidos, mientras exportadores y actores comerciales consideran que la decisión judicial favorecería la competitividad internacional. Entre las reacciones, destacan posturas encontradas entre aliados, quienes ven la resolución como oportunidad para mejorar sus condiciones, y sectores industriales que temen una caída de protecciones y mayor competencia externa.
La opinión internacional está puesta sobre la Suprema Corte, pues se espera que su veredicto siente un precedente sobre el uso de poderes presidenciales en materia comercial y la defensa de la legalidad. El resultado podría influir directamente en la economía global, modificar tratados bilaterales, el flujo de exportaciones e importaciones, y la estrategia fiscal de Estados Unidos, justo en plena campaña electoral.
En octubre, la Corte Suprema decidirá si el presidente puede actuar unilateralmente en materia arancelaria o si la ley obliga a consultar al Congreso, un hecho que marcará el rumbo de la economía internacional y la política comercial norteamericana por años.
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