La jueza federal Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, emitió una orden para desmantelar el centro de detención migratoria Alligator Alcatraz en un plazo de 60 días. Esta instalación, ubicada en el antiguo Aeropuerto Dade-Collier, al oeste de Miami, ha sido tema de controversia por su ubicación en una zona ambientalmente sensible de los Everglades, así como por las condiciones de detención que ofrece a los inmigrantes.
El centro migratorio Alligator Alcatraz fue inaugurado a finales de junio de 2025 con carpas de lona, baños portátiles y tráileres provistos por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), con la capacidad de albergar hasta 5,000 personas. Apoyado por el presidente Donald Trump y el gobernador Ron DeSantis, se planteó como un punto clave para la rápida deportación de migrantes. Sin embargo, las denuncias sobre las duras condiciones y el impacto ambiental no tardaron en aparecer.
La resolución judicial surgió tras una demanda interpuesta por grupos ambientalistas, como Friends of the Everglades y Center for Biological Diversity, además de la tribu indígena Miccosukee, quienes argumentaron que el funcionamiento de Alligator Alcatraz viola leyes ambientales y pone en riesgo los ecosistemas únicos de los humedales y especies en peligro de extinción presentes en la región. La jueza determinó que se debe evitar el ingreso de nuevos migrantes a esta instalación y detener la construcción o ampliación de infraestructura, permitiendo únicamente reparaciones menores.
Una vez concluido el periodo de 60 días, las autoridades federales deberán retirar cercas, iluminación industrial, redes de gas y drenaje, para restituir el acceso de la tribu Miccosukee a ese territorio. El fallo representa un revés para las políticas de detención y deportación implementadas por Trump y DeSantis, evidenciando la importancia de balancear las medidas migratorias con la protección ambiental y derechos indígenas.
Alligator Alcatraz, denominado así por estar rodeado de caimanes y ubicado en un antiguo aeropuerto cancelado en los años 60 por motivos ambientales, ha sido criticado desde su puesta en marcha por activistas y familiares de detenidos debido a las condiciones precarias, como la iluminación constante para mantener despiertas a las personas y la mala alimentación. La orden judicial obliga a transferir a los alrededor de 1,400 detenidos actuales a otras instalaciones y cerrar el lugar.
Este fallo muestra la creciente atención sobre los impactos sociales y ambientales de los centros de detención migratoria en Estados Unidos. La disputa legal y ambiental subraya la necesidad de políticas migratorias que respeten el medio ambiente y los derechos humanos, en un contexto donde las condiciones de detención son motivo de preocupación nacional e internacional.
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