La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un paso clave para transformar la estrategia de seguridad en México. La votación, que se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, contó con la aprobación mayoritaria de los diputados y representa un esfuerzo por renovar el modelo de seguridad ciudadana, con énfasis en la prevención, la profesionalización policial y el uso de la inteligencia estratégica. Esta reforma legislativa busca subsanar las deficiencias del sistema anterior y atender las demandas sociales urgentes para garantizar la paz y el orden público en el país.
La diputada Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y miembro de Morena, fue una pieza fundamental en la presentación del dictamen. Explicó que la ley responde a la necesidad de armonizar las políticas públicas entre los tres niveles de gobierno, creando un modelo normativo basado en la colaboración, la transparencia y los resultados efectivos. Con esta nueva legislación se concreta una mayor autonomía para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, facultándolo para modernizar sus procesos y adecuarse a contextos locales específicos mediante el desarrollo de centros especializados que atiendan problemáticas concretas.
Uno de los avances más significativos de la nueva ley es su enfoque en la racionalización del gasto público en materia de seguridad, que plantea criterios claros para la asignación, seguimiento y evaluación del presupuesto destinado a la seguridad, en lugar de incrementos presupuestales automáticos. Además, la ley promueve una cooperación más estrecha con poderes judiciales y otras instituciones del Estado para unificar criterios, compartir buenas prácticas y formular políticas públicas integrales con un enfoque transversal. La seguridad pública se entiende ahora como una responsabilidad colectiva del Estado, no sólo una función policial.
El dictamen también estableció mecanismos para fortalecer la corresponsabilidad entre la ciudadanía y las autoridades, enfatizando la necesidad de un compromiso conjunto para consolidar un sistema de seguridad eficaz y eficiente. Durante la sesión, se intentaron bloquear su aprobación mediante mociones suspensivas, pero fueron desechadas por la mayoría de los diputados, dejando claro el respaldo político para avanzar con esta legislación. La nueva ley complementa las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dotándola de una estructura normativa que facilite la implementación de políticas públicas con mayor eficiencia.
Este cambio legislativo se da en un contexto donde, paralelamente, la Cámara aprobó también la nueva Ley de la Guardia Nacional, que consolidará la militarización del cuerpo policiaco al pasar completamente bajo la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se posiciona como un marco necesario para fortalecer el sistema de seguridad desde la prevención y la profesionalización policial, buscando un equilibrio más integral en la estrategia nacional.
La aprobación de esta ley marca un hito en la política pública mexicana sobre seguridad, abriendo la puerta a un modelo con mayor coordinación interinstitucional y un uso más eficiente de los recursos. La implementación de estos nuevos lineamientos requerirá de la vigilancia activa tanto de las autoridades como de la sociedad para garantizar que las promesas de transparencia, colaboración y prevención se traduzcan en resultados concretos para la tranquilidad de todos los mexicanos. La seguridad pública, ahora más que nunca, debe ser una prioridad compartida y un compromiso firme de todos los actores involucrados.
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