Ataque directo, vehículos asegurados y dudas sobre vigilancia
La Ciudad de México sigue conmocionada tras el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. El ataque ocurrió la mañana del martes 20 de mayo en Calzada de Tlalpan, colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez, cuando ambos funcionarios se desplazaban en un automóvil y fueron interceptados por un sicario que, según videos de cámaras privadas, disparó en al menos diez ocasiones antes de huir.
Las primeras investigaciones conjuntas entre el gobierno de la CDMX y el gobierno federal confirman que el ataque fue directo y planeado. El agresor, vestido con casco y camisa blanca, se acercó al vehículo y abrió fuego sin mediar palabra. Tras el crimen, huyó a pie y luego abordó una motocicleta negra con placas de Querétaro, en la que lo esperaba un cómplice. Minutos después, ambos abandonaron la moto en una calle cercana y continuaron la fuga en una camioneta Nissan azul, localizada más tarde en Iztacalco. Se presume que, tras cambiar de vehículo nuevamente, escaparon hacia el Estado de México.
Las autoridades aseguraron la motocicleta y la camioneta utilizadas en la huida, así como una Urvan blanca que habría servido de muro en la ruta de escape. En los vehículos y en la escena del crimen se recolectaron indicios balísticos, huellas dactilares y otros elementos clave para la investigación. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía capitalina trabajan en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal para identificar y detener a los responsables.
Uno de los puntos más polémicos del caso es que la cámara del C5 cercana al lugar del ataque no funcionaba al momento del crimen. Las imágenes que permitieron reconstruir el ataque provienen de cámaras privadas, lo que ha generado críticas sobre la efectividad del sistema de videovigilancia en la capital. Autoridades han asegurado que se analizan todas las grabaciones disponibles y que no habrá impunidad.
El doble homicidio ha provocado una ola de reacciones en la clase política y la sociedad, con llamados a la justicia y a reforzar la seguridad de los funcionarios públicos. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la presidenta Claudia Sheinbaum han prometido apoyo total a las familias y el esclarecimiento del caso. El ambiente en la capital es de incertidumbre y exigencia de resultados, mientras la investigación sigue en curso y la ciudadanía espera respuestas claras.
Expertos en seguridad señalan que la complejidad del caso radica en la posible vinculación de grupos criminales con intereses políticos, lo que dificulta la investigación y aumenta la presión sobre las autoridades para esclarecer los hechos. Además, la comunidad política ha expresado su solidaridad con las familias de las víctimas y ha exigido que se garantice la seguridad de todos los servidores públicos, especialmente aquellos que trabajan en áreas sensibles o de alto riesgo.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha informado que se están utilizando todas las herramientas tecnológicas y humanas disponibles para avanzar en la identificación y captura de los responsables, incluyendo análisis balísticos, peritajes y seguimiento de rutas de escape.
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