La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asumió la facultad de atracción para resolver el conflicto entre las suspensiones dictadas por jueces federales y las determinaciones del Tribunal Electoral sobre la elección de jueces, magistrados y ministros programada para el 1 de junio.
La ministra presidenta Norma Piña Hernández firmó el acuerdo que permitirá al máximo tribunal resolver la controversia que mantiene paralizado al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF). El caso surge del choque entre las suspensiones ordenadas por los juzgados Primero de Distrito en Michoacán y Sexto de Distrito en Jalisco, y la determinación del Tribunal Electoral que ordena continuar con el proceso.
El asunto fue turnado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien ya tiene bajo su responsabilidad tres solicitudes relacionadas con el tema. Esta decisión busca unificar criterios ante la parálisis que cumple 19 días en el Comité de Evaluación, tras acatar las resoluciones de amparo que ordenaron detener todos los actos vinculados a la reforma judicial.
La controversia se intensificó cuando el Tribunal Electoral ordenó al Comité reanudar en 24 horas el proceso de selección de candidatos, amenazando con multas que van desde los 54 mil hasta los 107 mil pesos, además de dar vista a la Fiscalía General de la República. Sin embargo, el Comité se declaró imposibilitado para cumplir esta orden debido a las suspensiones judiciales vigentes.
La SCJN deberá determinar aspectos fundamentales como la vía correcta para impugnar las medidas cautelares otorgadas en los juicios de amparo y establecer si los actos de preparación del proceso electoral extraordinario pueden ser suspendidos por mandatos judiciales. Esta decisión será crucial para definir el alcance de las competencias entre los órganos del Poder Judicial de la Federación.
La resolución de la Suprema Corte será determinante para el futuro de la elección judicial, especialmente considerando que el Comité de Evaluación debe entregar las listas de candidaturas más idóneas el 31 de enero de 2025, según lo establece la Constitución.
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